sábado, 30 de julio de 2016

ARGENTINA: CON EL GLIFOSATO A DIEZ METROS

IMPULSAN QUE SE PERMITA FUMIGAR CASI AL LADO DE LAS VIVIENDAS 

 

Un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Senado bonaerense achica las distancias de uso del herbicida respecto de las casas habitadas. Organizaciones sociales y asambleas de pueblos fumigados denuncian que la iniciativa es inconstitucional.


› Por Darío Aranda
La Cámara de Senadores de Buenos Aires dio media sanción a un proyecto de ley que permite fumigar con el cuestionado herbicida glifosato hasta sólo diez metros de las viviendas, reduce al mínimo las distancias de utilización de agroquímicos, desoye fallos judiciales y no se basa en ninguna evidencia científica para establecer las distancias. Organizaciones sociales y asambleas de pueblos fumigados denuncian la inconstitucionalidad del proyecto y afirman que el gobierno provincial privilegió a las empresas del sector, nucleadas en la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid) y la Cámara de empresas de agroquímicos (Casafe) por sobre la población.

El ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, lo anunció a días de asumir: trabajaban en una nueva ley provincial de agroquímicos. El 6 de julio, y sin discusión mediante, el Senado bonaerense dio media sanción a una ley en línea con los pedidos empresarios: “Se prohíbe toda aplicación utilizando la técnica terrestre de todos los productos fitosanitarios, fertilizantes y otros plaguicidas comprendidos en las clases III y IV, la cual está delimitada por diez metros contados desde el límite de la zona urbana”.

Entre los productos que podrán fumigarse hasta pasos de las viviendas están el herbicida glifosato (categorizado por el IARC como “probable cancerígeno”, ubicado en el segundo escalón de peligrosidad en una escala de 1 a 5), atrazina (su principal comercializadora es la multinacional Syngenta), clorpirifos y el también cuestionado herbicida 2,4-D.

“Es un proyecto que desconoce absolutamente las denuncias y enfermedades que se dan en todo el país respecto a las fumigaciones y también ignora las evidencias científicas y legales que acreditan la necesidad de proteger al ambiente y a la salud de la población. No existe argumento ni técnico ni científico que justifique esta ley”, denunció Gabriel Arisnabarreta, ingeniero agrónomo, productor de alimentos sin venenos e integrante de la organización Ecos de Saladillo.

Arisnabarreta afirmó que lo único que privilegia este proyecto en la “búsqueda de mayor rentabilidad” de empresas. Precisó que detrás de la iniciativa están la Asociación de Siembra Directa (Aapresid), Casafe (cámara empresaria de agroquímicos, donde están todas las grandes compañías del sector), la Mesa de Enlace, “sectores del INTA” y el Ministerio de Agroindustria de Nación.

El Senasa clasifica los químicos en cinco categorías: IA (sumamente peligroso, muy tóxico, banda roja), IB (sumamente peligroso, tóxico, banda roja), II (moderadamente peligroso, banda amarilla), III (poco peligroso, banda azul) y IV (normalmente no ofrece peligro, banda verde).
La clasificación es muy cuestionada a nivel nacional e internacional porque está realizada en base a estudios de las propias empresas que comercializan los venenos y porque solo considera la toxicidad aguda (producida en el momento de la manipulación) y deja de lado la afectación crónica (por largos periodos de tiempos, por ejemplo no contempla a las familias expuestas a continuas fumigaciones, donde los químicos son más nocivos).

Diana González, de la Asamblea por la Protección de la Salud, la Vida y el Ambiente de Pergamino, consideró que la clasificación del Senasa “es falaz porque excluye de la discusión la exposición crónica a la que nos vemos sometidos los vecinos de los pueblos fumigados”.
En el proyecto se mencionan prohibiciones o “zonas de exclusión”. Fija distancias de 500 metros para fumigaciones aéreas y las reduce a 100 metros (para productos de clase IA, IB y II) y diez metros para las categorías III y IV. “Es una burla. Los más usados hoy están en las categorías III y IV, sobre ellos hay numerosos estudios científicos que tienen efectos crónicos que afectan la salud pero igual te lo echarán hasta la puerta de tu casa”, alertó Arisnabarreta.

La Corte Suprema de Buenos Aires falló en 2012 y prohibió fumigar a menos de 1000 metros de las viviendas. Fue una sentencia que protegió a María Cristina Monsalvo y Víctor Fernández (de la localidad de Alberti), que sufrían las aspersiones con glifosato, atrazina y cirpermetrina de un campo de soja vecino. El máximo tribunal de Buenos Aires citó el principio precautorio vigente en la ley: ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras.
El proyecto con media sanción desoye el fallo judicial de la Corte Suprema. Fue impulsado por el senador Alfonso Coll Areco (del bloque Peronismo Bonaerense y presidente de la Comisión de Ambiente) y su fundamentación no cita ningún trabajo técnico ni científico que justifique las mínimas distancias. Por contraposición, en Argentina existen más de cien trabajos científicos de universidades públicas (Río Cuarto, La Plata, el Litoral, UBA y Rosario, entre otras) que dan cuenta de las consecuencias de los agrotóxicos en poblaciones.

Lucas Landívar y Juan Ignacio Pereyra son parte del colectivo Abogados de Pueblos Fumigados, espacio nacido de las comunidades afectadas por la consecuencias de la agricultura química. Afirmaron que el proyecto de ley es “inconstitucional” porque desoye legislaciones que protegen la salud y el ambiente, y explicaron que es un proyecto “regresivo” (reduce protecciones ambientales que ya están vigente en leyes anteriores). “Eso solo hecho ya confirma la inconstitucionalidad”, aseguraron los abogados y resaltaron que tampoco hubo audiencias públicas como establece la normativa vigente.
González, de la Asamblea de Pergamino, no tiene dudas: “El proyecto de ley tiene como única meta proteger los intereses empresariales del agronegocios”.

Subnotas

 Fuente: Diario Página12

jueves, 14 de abril de 2016

El Parlamento Europeo da el visto bueno a siete años más del herbicida glifosato


Aplicación de herbicida en cultivos.
Aplicación del herbicida en cultivos
  • La Cámara le pide a la Comisión Europea que la licencia sea "solo para usos profesionales" dadas las dudas sobre el potencial cancerígeno de la sustancia
  • La votación no es vinculante y serán los Estados quienes tomen la decisión tras una propuesta del Ejecutivo comunitario
  • El comisario de Salud, Vytenis Andiukaitis, pidió por carta al director del Grupo de Trabajo del Glifosato que publiquen los datos que sirvieron para negar los riesgos descritos por la OMS
 
El Parlamento Europeo ha votado este miércoles a favor de ampliar la licencia europea del herbicida glifosato: sobre este producto químico pesa un informe de la OMS que lo ha calificado como cancerígeno. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) contradijo ese criterio. La Comisión Europea había planeado que la renovación se fuera a 15 años. Con todo, la decisión final es de los Estados Miembro.

"Dadas las preocupaciones sobre la carcinogenicidad del herbicida glifosato, la Comisión debería renovar su licencia por siete años y para uso profesional solamente", ha manifestado la Eurocámara en su resolución que no es vinculante. La Comisión tenía previsto someter al voto de los gobiernos su propuesta de renovación de 15 años el pasado 8 de marzo . Al manifestarse en contra algunos países como Francia, Holanda o Italia, pospuso la votación. Se prevé que se haga el 19 de mayo, según fuentes comunitarias.

Entre medias, los diputados tenían que tomar una posición que es lo que se ha aprobado este miércoles en Estrasburgo con 374 síes y 225 noes. El portavoz de Equo en la cámara, Florent Marcellesi, ha dicho luego que "es decepcionante que se prolongue el uso de esta sustancia dañina". Marcellesi apunta a que, al menos, se ha solicitado que la licencia impida el uso del glifosato "cerca de parque y colegios".

Transparencia de informes

La resolución parlamentaria sí recuerda que la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) tiene pendiente redactar su informe sobre el glifosato: "La Comisión deberá revisar su aprobación a la luz de la clasificación que haga la ECHA", ha explicado al tiempo que pide que se hagan públicos los informes científicos que sirvieron a la Agencia de Seguridad Alimentaria para dar el visto bueno al herbicida.

En este sentido, el comisario europeo de Salud, Vytenis Andiukaitis, envió el pasado 4 de abril una carta al director del Grupo de Trabajo del Glifosato, Richard P. Garnett, en la que le solicitaba que publicara "todos los estudios completos así como los datos brutos" que sirvieron a la EFSA para hacer su "evaluación sobre la carcinogenicidad de la sustancia". Richard Garnett es uno de los directivos de la empresa Monsanto, gran comercializadora de este herbicida.

El comisario le pide en su misiva que publique esos datos en aras de la "transparencia" y debido a la "preocupación de la sociedad" que ha despertado el hecho de que haya evaluaciones tan dispares entre la agencia europea y la OMS. Pero, al mismo tiempo, le repite que "soy completamente consciente de que la transparencia debe estar equilibrada con otras necesidades de la sociedad como son la propiedad privada y la protección del proceso de decisión en marcha".
Fuente El Diario.es

miércoles, 6 de abril de 2016

La batalla cultural frente a los transgénicos

 

La maquinaria política transgénica sabe bien que tiene que sustituir el mundo bio y demodiverso por tecnología esclavizante y por el dictado individualizador de un puñado de transnacionales


Aunque el capitalismo amenaza las bases de la vida, no le resulta tan fácil ni tan legítimo apropiarse  de nuestras conciencias, tampoco de las culturas que trabajan para que dicha vida siga reproduciéndose. La reciente sentencia dictada por el magistrado federal de México, Benjamín Soto, ha cerrado las puertas (por el momento) a la liberación o siembra de maíz transgénico en dicho país. México, tan cerca de monstruos transnacionales como Monsanto o Syngenta y tan lejos de los dioses que crearon a los hombres de maíz como reza el libro comunitario maya del Popol Vuh, se ha reconocido como país donde la preservación de su alimentación es un hecho justiciable. La demanda fue presentada concretamente por 53 personas: campesinos y campesinas, artistas, personas investigadoras y activistas de derechos humanos. Pero obedece a una larga disputa jurídica, territorial e identitaria contra los citados monstruos como indica este colectivo: “México es la cuna donde nació el maíz, planta que hermanó en su territorio a decenas de culturas”.

Hace unas semanas, uno de los impulsores de dicho proceso colectivo, Narciso Barrera Bassols, me reafirmaba esa disputa que ha unido territorios, manejos sostenibles de recursos y tradiciones actualizadas: “ganamos, porque venimos ganando la batalla cultural”.  Y me citaba la presentación de exposiciones nacionales como Milpa: ritual imprescindible, la campaña Sin Maíz no hay País o el trabajo local en pos de asentar derechos y sabores propios de los distintos territorios que componen México. La milpa (esa asociación de maíz, frijo y calabaza) tan mexicana se ha impuesto culturalmente. 

¿Qué podemos aprender de este proceso para continuar nuestra batalla por un mundo habitable, libre de transgénicos? El capitalismo precisa introducir rupturas en nuestros vínculos con los territorios, y en particular con la alimentación, para nutrir su sociedad de consumo, aquella que no entiende de contextos sociales ni de proximidades, si no de laboratorios y de mercados globalizados. El TTIP es una clara muestra. Y aquí nos jugamos mucho en la batalla frente a los transgénicos en la Unión Europea. La resistencia mexicana se ha fundamentado en ir bastante más allá de la denuncia del control de la alimentación. No se han limitado a enfrentar manejos o formas de producir alimentos. En México se ha planteado que el maíz representa otra forma de estar en el mundo y de sentirlo. Todo cambio social implica una adaptación o una incorporación de nuevas visiones del mundo. En esta Transición inaplazable (política y vitalmente) esperamos no caer en un “aprendizaje por shock” como nos apunta Ernest García, si no en innovar en prácticas y en deseos hacia otras sociedades.

El plano jurídico, me continuaba relatando Narciso Barrera, nos ha permitido trabajar desde las comunidades indígenas y campesinas, en connivencia con el ecologismo político, para hacer pedagogía de por qué rechazar estos transgénicos, de por qué la alimentación forma parte de nuestro ser como país. A lo largo de los dos últimos años, se han superado más de 90 impugnaciones y 22 amparos judiciales, manteniendo así la suspensión temporal de los transgénicos. Y en paralelo a dichos procesos judiciales se han ido avivando la recuperación de memorias bioculturales, aquellas que ligan manejos sostenibles y territorios. Es decir, se ha trascendido el plano del sistema agroalimentario, como estructura de producción y consumo, para ir más allá. En palabras del compañero Miguel Ángel Escalona (profesor de agroecología en la Universidad Veracruzana), estamos promoviendo una “cocina sana y culturalmente significativa que vaya más allá de los circuitos cortos”. Miguel Ángel Escalona impulsa iniciativas como el Consejo Gastronómico Veracruzano o la red de Tianguis (mercados sociales) en su localidad. Y, al mismo tiempo, esta reconciliación de cultura alimentaria, territorios y manejos sostenibles ha facilitado la rápida politización del derecho a la alimentación. Bajo el paraguas de la campaña Sin Maíz no hay País, iniciada en el 2007 por 300 colectivos sociales y campesinos, se lograba que el Derecho a la Alimentación alcanzara rango constitucional en México el 13 de Octubre de 2011.

Territorios. Territorios de saberes, de sabores y de formas de sentir. Comunalidades que se tejen entre personas rompiendo así los fragmentos en los que nos convierten las sociedades líquidas, donde los lazos no tienen memoria, ni lugares donde asentarse, ni por supuesto salen anunciados por televisión. La maquinaria política transgénica sabe bien que tiene que ahondar en la tecnofilia y en la antropofobia. Sustituir el mundo bio y demodiverso por tecnología esclavizante y por el dictado individualizador de un puñado de transnacionales.

¿Y qué estamos haciendo en esta parte del mundo inserta en una avergonzante Unión Europea? Mucho, ésa es la verdad, a pesar del acoso de las élites encantadas con la transgenia mercantil. España continúa siendo el reservorio de los transgénicos en este lado de Europa, junto con otros cuatro países, capitaneando la producción de maíz transgénico MON810 de Monsanto. Recientemente, la Unión Europea abría la puerta a la prohibición o apertura discrecional al cultivo de  transgénicos. Pero la batalla cultural, territorial y de promoción agroecológica está en marcha y ha frenado la invasión que ahora avanza vía TTIP. Isabel Bermejo, una de las voces más escuchadas en los últimos tiempos frente a los transgénicos, me señalaba el valor de la cultura alimentaria en este país: “precisamente no han empezado por tomates porque, primero no es el gran negocio, y segundo, podría esperarse un mayor rechazo ciudadano”.

Este rechazo se ve favorecido y reforzado por multitud de campañas estatales e internacionales. Desde que en 1998 se lanzara el grito de “Monsanto sal de la India”, la reclamación de zonas libres de transgénicos ha servido como foco local de estas presiones. Recientemente, regiones enteras como Escocia, Irlanda del Norte, Gales o Valonia así se han declarado. Aquí los municipios han tenido más bien un papel simbólico, aunque muy efectivo. Las recientes prohibiciones del uso de glifosato en Extremadura o en municipios como Madrid o Barcelona han tenido su eco mediático, apelando a nuestra salud, frente a los adalides de la segunda revolución verde. Por su parte, el mensaje combinado del “queremos decidir” y del “somos lo que comemos” ha calado más a través de las diferentes plataformas por la soberanía alimentaria. Han nutrido la recuperación de una biodiversidad cultivada, agricultura y mercados de proximidad, y por ende, la relación de los territorios con una gastronomía propia. Justamente cuando la cacareada dieta mediterránea nos está abandonando. La cultura alimentaria no es un campo de batalla más frente a la mercantilización de la comida. La excepcionalidad francesa y su persistente rechazo a los transgénicos es prueba de ello. Producir sí, pero siempre pensando en un mundo rural vivo, como aquí también indica Plataforma Rural.

El enganche a la tecnofilia y a la noción moderna (y falseada) de progreso tiene que compensarse con el deseo de existir en otros (y tradicionales) sabores, en otros (y sostenibles) territorios. La batalla alimentaria por un mundo habitable comienza en nuestras mesas. Y por reivindicar colectiva, cultural y localmente el derecho a una deliciosa y humanizante biodiversidad.

Fuente: 


La historia del glifosato en Argentina

 

'La distancia', basada en la novela de Samanta Schweblin, se representó en el teatro Galileo (Madrid) hasta el pasado 1 de abril. Está dirigida por el argentino Pablo Messiez.

MADRID.- La distancia de rescate es aquella en la que una madre puede reaccionar para mantener a su hijo a salvo. También es el nombre de la primera novela de la escritora argentina de cuentos Samanta Schweblin (Buenos Aires, 1978). Aunque el término es inventado, si tienes hijos no es difícil que te sientas identificado con su significado, como explica la actriz María Morales: “El nivel de miedo es proporcional al nivel de amor”. Ella lo sabe por partida doble, es madre en la realidad y también en la ficción, en La distancia, la adaptación escénica de la novela de Schweblin que se representa en el teatro Galileo hasta el 1 de abril.

La obra, adaptada y dirigida por el argentino Pablo Messiez, profundiza en la relación madre e hijo utilizando de telón de fondo una realidad que se nos presenta en primera instancia como ciencia ficción. “Una mujer va con su hija al campo. Acaba en un pueblo donde muchos habitantes tienen discapacidades o problemas de salud. Al poco, ella misma se intoxica, y su hija desaparece”, explica el director, sin tirar más del hilo argumental.

Aunque no es mucho lo que Messiez desvela vamos a profundizar con lo que nos ha dado. Depende de a quien le preguntes, la realidad que describe el director tiene una explicación u otra. Siguiendo la lógica del libro y de la adaptación escénica, el problema de las malformaciones y las enfermedades se encuentra en que “los pueblos están cerca de las plantaciones de soja y se ven afectados por el pesticida con el que se fumigan las hojas: el glifosato. Lo que sucede es que este pesticida tras fumigarse queda en el aire y en el agua. Al final el pueblo queda afectado por inhalar la sustancia”, y de ahí que vengan todos los males.

La otra versión es la de José Miguel Mulet, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia e investigador del IBMCP (Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas) a quien PÚBLICO ha llamado para contrastar esta realidad. El científico no niega, a primera instancia, que el glifosato sea la causa, en situaciones muy puntuales, de enfermedades, pero cuando ocurre no es por la sustancia en sí, sino por las carentes medidas de seguridad de quien manipula el herbicida.

El glifosato, el pesticida de la soja

Argentina es uno de los principales exportadores de soja. El estado se queda con el 35% en impuestos por cada kilo. No hace falta resaltar la importancia que es este producto para su economía. El glifosato fue introducido en el país por la multinacional Monsanto, en respuesta a otros herbicidas que se usaban antes mucho más tóxicos para el ser humano. La empresa tuvo la patente hasta el año 2000. Desde entonces, cualquiera puede comprar el producto en una tienda especializada o incluso en un bazar chino.

Diversos grupos ecologistas hacen presión para eliminar el uso del glifosato. Su postura es que el herbicida tiene una relación directa con la aparición de enfermedades
Pese al dinero que supone para Argentina, diversos grupos ecologistas hacen presión para eliminar el uso del glifosato. Su postura es que el herbicida tiene una relación directa con la aparición de enfermedades. Según Mulet, esto no es cierto, ya que, en primer lugar no hay un estudio científico que abale esta teoría y por otra parte, las regiones rurales donde aparecen suelen carecer de infraestructuras básicas como sistema de alcantarillado u hospitales. Además, según el profesor, en muchas zonas el agua está contaminada con arsénico.

Si esto es cierto, ¿por qué el gobierno no hace nada? El científico opina que a este le conviene dejar que se siga pensando que las enfermedades las produce el glifosato para esconder la verdadera realidad de cómo se vive en los pueblos. Este hecho, continúa Mulet, sumado a una estructura gubernamental corrupta hace que se vean sometidos los argentinos al rocambolesco tira y afloja entre los que defienden que es este herbicida el causante y a los que les gustaría realizar un estudio serio de la situación.

Uno de los principales defensores de la teoría del herbicida es la plataforma Médicos de los Pueblos Fumigados, que, siempre siguiendo la versión del profesor Muler, elaboraron un estudio que relaciona las enfermedades con el glifosato. El estudio consistió en ir puerta a puerta a preguntar a los habitantes de la casa si padecían alguna enfermedad. La publicación de los resultados fue rechazada por las principales revistas de ciencia por falta de rigor. Finalmente fue publicada en la Universidad de la Plata, quien más tarde, influenciado por las críticas, se desvinculó del informe.

Durante la obra, y en la novela, no se menciona el nombre de Monsanto, y tampoco se menciona qué tipo de herbicida es el que se utiliza para contaminar a los habitantes del pueblo. No obstante, las múltiples alusiones al problema en Argentina hace que sea necesario ofrecer los dos puntos de vista. La función, en cualquier caso, no habla solo de este tema, como toda buena historia está llena de capas, y esta solo una de ellas.

Fuente: ALFONSO ÁLVAREZ-DARDET para Periódico Público - Madrid


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