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| Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos |
Siete meses de acampe de pueblos originarios en Buenos Aires y
ninguna solución. El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda,
interlocutor del Gobierno ante las comunidades, amenaza a los indígenas,
los insta a no movilizarse, se victimiza frente a los reclamos, arma
operaciones de prensa y resalta “los millones de pesos” que cuesta
proteger a los qom.
Por Darío Aranda
El funcionario está nervioso, se lo ve molesto y hasta agresivo. En el
despacho oficial, ante una veintena de testigos, interpela a Félix Díaz,
levanta el tono, lo destrata. No responde las denuncias de las
comunidades, no escucha la violación de derechos que existen en Formosa,
solo dirige sus dardos contra el líder qom. E, insólito, pone sobre la
mesa que él es hijo de desaparecidos y que “este Gobierno es el más ha
hecho por los derechos humanos”. Amenaza que, de hacerse público los
detalles de la reunión, se cortará todo diálogo.
El funcionario interpela a un wichí que tiene teléfono-grabador en mano.
Luego lee el acta de la reunión, se enoja, se levanta de la silla,
amenaza retirarse, vuelve a leer el acta y, de mala manera, avisa que no
la firmará. Deja la reunión de “diálogo” sin siquiera saludar a los
presentes.
Una semana después, el funcionario nacional llega hasta el acampe
Qopiwini (Qom, Pilagá, Wichí, Nivaclé) de Avenida de Mayo y 9 de Julio.
Intenta convencer de que no se movilicen. Los Qopiwini explican que irán
al acto por el monumento de Juana Azurduy, quieren entregar un
documento a Evo Morales e invitarlo al acampe para que conozco la
situación indígena de Argentina. El funcionario se molesta. Y amenaza.
Advierte que, si movilizan, se cortará todo diálogo con Nación.
El protagonista del destrato y violencia hacia los indígenas es
Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos, ex militante de la
agrupación Hijos, con línea directa con la Presidenta. Tan
contradictorio como cruel: una víctima de la dictadura que ahora
invisibiliza, y hasta relativiza, al régimen feudal formoseño de Gildo
Insfrán.
Siete meses de acampe. Cuatro mesas de diálogo. Ninguna solución. Y los derechos humanos selectivos.
Cuatro meses
El 1 de julio amaneció con avisos de represión. Un centenar de policías,
con carros hidrantes y perros rodeaba el acampe Qopiwini. El jefe del
operativo argumentaba una orden judicial, pero nunca la exhibió.
Mediante redes sociales y llamados a medios, la situación tomó lugar en
las radios y noticieros de la mañana.
Entró en acción Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos desde
2012. Luego trascendió que monseñor Mario Poli se había comunicado con
el Gobierno y, en años de kirchnerismo papista, Fresneda fue el elegido
como interlocutor.
Ni el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; ni el ministro del
Interior, Florencio Randazzo, podían mediar. El candidato a gobernador
bonaerense (y denunciado por su rol en la represión de Puente Pueyrredón
–2002–) está identificado por los Qom y la Mesa de Garantes (Serpaj,
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, APDH La Matanza) como un férreo
aliado de Insfrán. Incluso se enfrentó (y forzó la renuncia) en 2011 al
entonces presidente del INADI, Claudio Morgado, por defender a los qom.
Randazzo, que había sido interlocutor en 2011, no cumplió ninguno de
los acuerdos gestados en aquella oportunidad. Y fue desairado cuando la
Presidenta se inclinó por Scioli.
Fresneda, abogado, hijo de desaparecidos, ex militante de Hijos,
tonada cordobesa, fue el elegido. Los recibió en la oficina de la calle
25 de Mayo. Afirmó que estaba para “escucharlos y ver qué posibilidades
de resolución hay por parte del Gobierno Nacional”.
Los Qopiwini plantearon la judicialización que pesa sobre los que
luchan, los enfermos por Chagas, falta de vivienda, carencias del
sistema de salud, falta de agua, la mala implementación de la Ley 26160
(relevamiento indígena, que debe contar con participación indígena), el
reconocimiento del estatuto de la Federación Pilagá.
Fresneda tiró la pelota a la Corte Suprema (para que resuelva por la
doble personería jurídica de la comunidad La Primavera y las tierras). Y
a Provincia.
Jorge Palomo, wichí de Laguna Yema, advirtió que si la Presidenta no
los recibe “sigue la huella de Roca”. Y lo mismo para el presidente de
la Corte, Ricardo Lorenzetti.
Fresneda pidió que armen una lista con todos los puntos a resolver, diferenciado por comunidad.
A cuatro meses de acampe, tomó nota de los reclamos y descomprimió la
situación. No estuvo Félix Díaz (estaba enfermo) y tampoco ningún
enviado del gobernador Insfrán.
Gritos
Una semana después, el 8 de julio, el Secretario de Derechos Humanos
cambió la estrategia. Recibió a una numerosa comitiva (más de 25
personas) en la sede de la Secretaría. Se molestó porque eran muchos:
“Esto parece una asamblea. Así no se puede dialogar”. Se enojó porque un
wichí estaba grabando el encuentro. Instó, de mala manera, a que nada
de lo charlado se haga público.
Además de los Qopiwini, estuvieron presentes los garantes de la Mesa
de Diálogo (que acompañan desde 2010): APDH La Matanza, Serpaj, Madres
de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Gajat, Resistencia Qom y Endepa.
También representantes de la Defensoría General de la Nación y de la
Defensoría del Pueblo.
También había asesores de diputados de la oposición. Allí tuvo un
cruce Fresneda. Se molestó mucho por la presencia de un abogado de
derecho indígena de Río Negro (y asesor de la senadora Magdalena
Odarda), que semanas atrás había dado testimonio en el programa de Jorge
Lanata sobre cómo Osvaldo Sanfelice (socio de Máximo Kirchner) usurpó
tierras mapuches. El funcionario del INAI, Sebastián Demicheli, hablaba
por lo bajo con el Secretario, querían que se retire de la reunión.
Finalmente, por decisión de los Qopiwini, permaneció.
Se volvió a hablar de la falta de DNI de comunidades Nivaclé.
Fresneda ofreció una gestión ante Randazzo, luego mencionó al INAI. Y
argumentó que no se podía avanzar en muchos puntos porque no estaban los
representantes de Insfrán. Y se solicitó al INAI un informe sobre el
estado de situación del relevamiento territorial (Ley 26160) en Formosa.
“Un indígena sin el territorio es como un tigre sin el monte”,
explicaron los Qopiwini. Félix Díaz complementó: “Luchamos para
preservar el territorio de la contaminación, para cuidar la vida”.
Díaz señaló que era necesario un gesto del gobierno nacional. Mencionó
la posible intervención para reubicar a dos familias de criollos que
están en territorio qom. Y recordó que, incluso durante la dictadura, se
atendió un reclamo similar.
Fresneda se alteró. Le gritó a Díaz. Hizo hincapié durante largos minutos de su condición de hijo de desaparecidos. Sobreactuó.
En ningún momento los Qopiwini avalaron la dictadura. Pero el
Secretario aprovechó la ocasión para cambiar el eje de la reunión, justo
ante quienes fueron víctimas del primer genocidio del Estado argentino.
Y, en 200 años, nunca tuvieron reparación ni justicia.
Los garantes presentes escribieron un acta con cinco puntos de
acuerdo. Fresneda volvió a enojarse porque figuraba que se comprometía a
llevar a la Mesa de Diálogo a funcionarios de Formosa. Volvió a gritar.
Amenazó con irse.
La abogada del Serpaj modificó el texto (“se realizará gestiones para
solicitar a la Provincia que participe en la Mesa de Diálogo”).
Fresneda igual se negó a firmar. Se levantó y se fue. Ni saludó a los
presentes.
“Estaba enojado. Trató mal al hermano Félix. Nos trató como patrón y
no como alguien de derechos humanos”, afirmó Jorge Palomo, ya en el
acampe.
Prohibido marchar
La campaña publicitaria prometía festejo popular. El 15 de julio se
inauguraba el monumento a Juana Azurduy, en el mismo lugar que fue
removido el de Cristóbal Colón (detrás de casa de Gobierno). Fue
presentado por el Gobierno como un acto de independencia y
reivindicación de la historia y cultura del continente. Invitado
especial (y donante de la escultura), el presidente de Bolivia, Evo
Morales.
Los Qopiwini convocaron a marchar hasta el lugar de acto. Estaban de
acuerdo con el nuevo monumento, pero sobre todo querían llegar hasta Evo
Morales, entregar un documento de la situación indígena en Argentina e
invitarlo al acampe.
Horas antes de la movilización (el mismo 15 de julio), Fresneda llegó
hasta el acampe. Pidió reunión privada con los líderes y, en tono
amable pero firme, exigió que no se movilicen. Los líderes indígenas le
ratificaron que marcharían.
El Secretario de Derechos Humanos cambió el tono. Amenazó a los
Qopiwini con cortar todo diálogo (incluso suspender el trámite de los
DNI) si se dirigían al acto oficial. Estuvo secundado por Sebastián
Demicheli, del INAI. Prometió que, de cumplirse su pedido, la mayor
parte de los temas de la Mesa de Diálogo se encarrilarían pronto. Los
Qopiwini le pidieron que dé su palabra. Fresneda la dio.
Los indígenas de Formosa evaluaron la situación. Aún creen en la
palabra de sus interlocutores. Confiaron en el Secretario de Derechos
Humanos.
Ninguno de las pedidos se cumplió.
Serpaj
El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), espacio emblemático de la lucha
por los derechos humanos, es uno de los organismos que siempre acompañó a
los pueblos originarios. El 22 de julio emitió un comunicado. “Los
derechos humanos continúan siendo violados por gobiernos con democracias
formales y están sufriendo una crisis conceptual. Frente a las
protestas sociales de pobladores e indígenas, los gobiernos, a veces
nacional a veces provinciales, responden con represión, persecución y/o
intimidación, judicializando las protestas”, denunció.
Cuestionó el avance del extractivismo petroleo, agronegocios y
megaminería. “Los pueblos originarios están desde hace más de cinco
meses en el acampe en Avenida de Mayo y la 9 de Julio, reclamando ser
recibidos por el gobierno nacional frente a las continuas violaciones de
sus derechos. El Gobierno busca invisibilizar a los pueblos originarios
con la complicidad de organizaciones nacionales y provinciales como el
Poder Judicial de Formosa, el INAI y el gobierno de Formosa”, afirmó.
Relató que el Cardenal Poli fue quien intervino ante la Presidenta,
que a su vez designó a Martín Fresneda para tratar los reclamos.
Firmado por Adolfo Pérez Esquivel, el comunicado del Serpaj resalta tres puntos:
-Realizar nuevamente el relevamiento de los territorios indígenas que se hicieron sin la presencia de las comunidades.
-Terminar con la judicialización de las protestas sociales de los pueblos originarios y la represión.
-Enviar un camión del Ministerio del Interior para que puedan sacar el DNI.
Acampe
El
29 de julio hubo conferencia de prensa en el acampe. Amanda Asijak, de
la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) fue al grano.
“Fresneda nos mintió, no quiso que marchemos”.
Jorge Palomo, wichí, lamentó el silencio de la Presidenta, de la
Corte Suprema, de senadores y y diputados. “Nos siguen matando con la
indiferencia, discriminación y racismo. Esta causa no se trata de
dinero, de simplemente hablar, esta causa se trata de territorio. Ya que
el territorio es la vida de los Qopiwini”, resumió.
Más de lo mismo
La cuarta reunión fue el 20 de agosto. Junto a Fresneda estuvieron dos
alfiles de Insfrán: Luis Basterrra (diputado nacional) y Rodrigo Vera
(legislador provincial, sobrino de Jorge González, el jefe de Gabinete
de Insfrán). También el presidente del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), Daniel Fernández, y el director de Tierras del INAI,
Antonio Dell Elce.
Se volvió a acordar que el INAI enviaría el informe de aplicación de la Ley 26160.
“Se dijo lo mismo que ya habían dicho. Y que aún no cumplen”, afirmó
Jorge Palomo, ya cansado de reunirse y no tener acciones concretas.
Pablo Pimentel (APDH La Matanza), en diálogo con FM Radio Sur (de Parque
Patricios) reconoció: “¿De concreto qué respondieron (los
funcionarios)? Nada”. Mencionó el descrédito que tiene los funcionarios,
avisó que el acampe seguirá hasta que los reciba la Presidenta. Señaló
que le pidió a Fresneda que actúe con “celeridad” y lamentó que no se
realizó acta ni se fijó fecha para próxima reunión.
Ni siquiera se resolvió la falta de DNI de los Nivaclé y Qom (incluso el
nieto de Félix Díaz). La Secretaría de Derechos Humanos no resolvió ni
el derecho a la identidad de los pueblos originarios.
Hijo(s)
Juan Martín Fresneda es hijo de Tomás Fresneda y María de las Mercedes
Argañaraz, ambos secuestrados en julio de 1977 durante “la Noche de las
Corbatas”, una serie de operativos con que la dictadura desapareció a un
grupo de abogados de Mar del Plata. Se crió (junto a su hermano Ramiro)
con su tía en Catamarca. Terminado el secundario, fue estudiar derecho a
la Universidad de Córdoba.
Allí fue del grupo fundador de la Agrupación Hijos (Hijos e Hijas por
la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y trabajó
activamente en la reapertura de los juicios por delitos de lesa
humanidad. Fue querellante en los tres primeros que se lograron reabrir
en la Provincia y en los que fueron condenados Luciano Benjamín Menéndez
y Jorge Rafael Videla.
Luego de la muerte de Eduardo Luis Duhalde, Fresneda fue nombrado en
mayo de 2012 (por la Presidenta) al frente de la Secretaría de Derechos
Humanos. Nunca un hijo de desaparecidos había ocupado el más alto cargo
de esa dependencia oficial.
Este periodista solicitó entrevista con Fresneda, pero el área de Prensa de la Secretaría no devolvió los llamados.
Periodismo-Propaganda
El Secretario de Derechos Humanos había exigido que no se publicara
información de las reuniones (incluso bajo amenaza de suspender el canal
de diálogo), pero sí gestionó que la agencia de noticias Telam diera su
versión de los hechos. El 10 de agosto la agencia tituló: “El
Secretario de Derechos Humanos recibió a los referentes de las
comunidades Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé para tratar los diversos
reclamos territoriales (…) Con el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) ya hemos relevado más de seis millones de hectáreas”.
La semana siguiente tuvo otra nota. ”Fresneda mantuvo un encuentro
con Félix Díaz y representantes de pueblos originarios”, señaló el
despacho oficial el 20 de agosto por la noche. Resaltó que “nuevamente”
fueron recibidos por el funcionario. El periodista de Telam no consultó a
ningún indígena y remarcó (otra vez) la voz de Fresneda: “Es la primera
vez que un Estado nacional reconoce que existe el patrimonio de la
tierra a favor de los pueblos originarios”.
La nota, levantada por medios oficialistas, no era casual. Fue en
vísperas de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), ámbito donde tramita una causa por la comunidad La Primavera.
El 23 de agosto, Telam publicó una nueva nota del funcionario.
“Fresneda y la CIDH visitarán Salta para monitorear la entrega de las
400 mil hectáreas a indígenas”.
El lunes 31 de agosto, el acampe Qopiwini volvió a la agenda
mediática. El cantante Gustavo Cordera brindó un minirecital y tuvo
amplia cobertura de canales de TV y radios. Cordera cuestionó la
política oficial hacia los pueblos originarios y también hablaron los
voceros de Qopiwini.
Fresneda volvió a retrucar desde Telam, en dos artículos. “Félix Díaz
no lo dice ni lo reconoce, pero yo lo recibo en nombre de la
Presidenta”, fue el título militante de la agencia gubernamental. Según
Telam: “Fresneda se reunió con Díaz ‘en más de diez oportunidades’ y el
Gobierno se ocupa de ‘todos y cada uno’ de los problemas que los
indígenas plantean”.
Por el tema territorial, el funcionario volvió a responsabilizar a la
Corte Suprema y prometió: “Las 5183 hectáreas que tienen nadie se las
va a tocar”.
El periodismo oficialista fue por más. “En cuanto al supuesto rol
partidario de Félix Díaz, el funcionario afirmó: ‘Lo veo como un
dirigente indígena que puede ser opositor o no, no me va a variar mi
postura frente a él y frente a los reclamos’”.
Un segundo artículo de Telam dio cuenta de que la CIDH mantendrá la
medida cautelar que protege la vida y la integridad física de Félix Díaz
y los integrantes de la comunidad. La agencia oficial señaló: “Pese a
que el gobierno argentino había pedido que se levante la medida por
inexistencia de ataques”.
Martín Fresneda cuestionó la vigencia de la medida cautelar: “No
puede estar ‘sine die’ (sin plazo). La comisión tendrá que fundamentar
por qué la mantiene”.
Aunque son públicos los hechos de violencia en la comunidad qom Potae
Napocna Navogoh-La Primavera (incluida la represión de 2010, dos
asesinatos y una decena de muertes dudosas en cuatro años), Fresneda
priorizó el argumento económico. Afirmó que la CIDH fue informada por el
gobierno argentino sobre “los millones de pesos que invierte en
seguridad con 91 gendarmes que garantizan el perímetro para la seguridad
de Félix Díaz y toda la comunidad”.
Víctimas y victimarios
Ni Gildo Insfrán, ni Aníbal Fernández, ni Florencio Randazzo.
Un hijo de desaparecidos y militante de derechos humanos es quien frena las demandas indígenas, las tergiversa, las manipula.
Juan Martín Fresneda es quien presiona, amenaza, intenta desligitimar
a quienes sufrieron un genocidio y aún no encuentran justicia. De
víctima a engranaje útil de un sistema victimario.
Los Qom, Pilagá, Wichí, Nivaclé (Qopiwini) acampan hace siete meses
en reclamo de agua, salud, educación, vivienda y, claro, territorio.
Sobrevivieron a un genocidio y, avisan, seguirán en lucha.
Fuente:
Diario Aranda - Argentina
